Las dimensiones de la democracia por el Profesor Yamandú Acosta

DIMENSIONES DE LA DEMOCRACIA.

Tensiones pos-transicionales en el Cono Sur de América Latina. *

Yamandú Acosta**.

Dimensiones de la democracia en el Cono Sur: discernimiento preliminar.

La expresión ‘dimensiones de la democracia en el Cono Sur’, con la que se define la convocatoria a esta instancia de exposición y debate en el marco de este VII Encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur, es más que sugerente para desplegar algunas líneas de análisis y reflexión en el marco de mi proyecto de investigación en curso “Nuevas democracias y otra democracia en América Latina”1.
Parece oportuno comenzar por un discernimiento de la expresión que nos convoca.
Si la enfocamos inicialmente con una óptica minimalista de la democracia, se hace evidente una dimensión política cuyas fronteras conceptuales aluden implícitamente a las dimensiones social, económica y cultural, que una óptica maximalista incluirá en el concepto de democracia en pie de igualdad con la dimensión política.
Atravesando aquellas, con especial acento en la temporalidad, puede señalarse una dimensión histórica, -que implica pasado, presente y futuro- en relación con una dimensión utópica.

Poniendo luego el acento en la espacialidad, sin por ello declinar de la temporalidad, desde que tiempo y espacio se determinan en la reciprocidad de sus relaciones, por lo que cabe referirlos a través de la fórmula espacio-tiempo, al focalizar las ‘dimensiones de la democracia en el Cono Sur’, desde el tradicional referente de la dimensión nacional, se hacen cada vez más visibles en diversa relación con ella, la dimensión local y la dimensión regional, siendo esta última la que tal vez parece corresponderse más ajustadamente a la letra y al sentido de la expresión a propósito de la cual reflexionamos.

Finalmente, se impone la consideración del sujeto como trascendentalidad inmanente a las dimensiones indicadas y por lo tanto como dimensión fundante, en relación a la cual, las tensiones entre subjetividad y la sujetividad en la construcción de los actores, hacen a la conflictiva y nunca acabada definición de un orden sustantivamente democrático2.

El pensamiento como mediación.

La presente exposición aspira aproximarse a las dimensiones mencionadas, sus relaciones y tensiones, desde el ejercicio y la consideración de una dimensión que se pretende medular y no meramente refleja en los efectivos procesos de construcción de las mismas, inevitable en la perspectiva de su explicación o comprensión e inexcusable sea en la de su reproducción sea en la de su transformación: la dimensión del pensamiento.

Como surge de la conclusión del trabajo que Rodrigo Arocena ha aportado en el VI Encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur, aunque sean los intereses y no las ideas las que gobiernan la conducta de los seres humanos y aunque no quepa esperar que una inversión de las ideas dominantes tuviera per se la capacidad de cambiar las tendencias dominantes, “…tampoco corresponde descartar que una renovación de las ideas ofrezca perspectivas modestamente racionales que sean de alguna utilidad a actores colectivos que buscan transitar por caminos distintos a los ya recorridos” (Arocena, 2005, 67).

A nuestro modo de ver, las ideas puestas en circulación pueden tener la utilidad social que señala Arocena, en el grado en que “el marco categorial dentro del cual interpretamos el mundo y dentro del cual percibimos las posibles metas de la acción humana, está presente en los fenómenos sociales mismos y puede ser derivado de ellos” (Hinkelammert, 1981, 1).

Desde el anterior supuesto consideraremos el pensamiento sobre la democracia producido en el Cono Sur, especialmente el producido desde la academia en sus esfuerzos de investigación, con particular atención a los aportes sobre el asunto desde el mismo Corredor de las Ideas del Cono Sur, en tanto pensamiento producido desde la región y orientado fundamentalmente a elaborar sus problemas.

No postulamos un pensamiento endogámico, sino que además asumimos, por su pertinencia y justicia, el reclamo efectuado en el sentido de que el Encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur debe aprovechar la continuidad de sus instancias de exposición y debate en la perspectiva de “acumulación de reflexión” (López Velasco, 2005, 263).

Las transiciones antes y después de la pos-transición.

Hay un razonable consenso en la evaluación de la situación y perspectivas de las democracias posdictatoriales del Cono Sur de América Latina, en que no obstante la creciente magnitud de la pobreza y la profundización de la desigualdad social, la democracia en cuanto régimen de gobierno aparece en ellas consolidada en el sentido de que está fuera de su horizonte la alternativa del autoritarismo político bajo la figura de la dictadura, con especial protagonismo de las FFAA.

Si las democracias políticas o poliarquías en las que políticamente elaboramos y resolvemos nuestros conflictos están consolidadas, y la consolidación es una etapa que viene después de la transición, también puede decirse que nos encontramos en la pos-transición.

¿Qué ventajas presenta “pos-transición” frente a “consolidación” para referirse a los regímenes políticos actualmente vigentes en la región? A nuestro juicio “pos-transición” no sugiere estabilidad y permanencia, donde puede haber inestabilidad y cambio, permitiendo pensar la realidad en curso sin prejuicios en este sentido.

La transición en relación a la cual puede identificarse a la situación actual de los países de la región como “pos-transición democrática” o “democracias pos-transicionales”, es la identificada por Huntington como la tercera ola de democratizaciones (Huntington, 1991), que para la región, instala en la década de los ochenta las democracias políticas, allí donde el régimen de gobierno había sido la dictadura instalada en los sesenta (Brasil) o en los setenta (Uruguay, Chile y Argentina).

La identidad de esta transición es política. En ella las instituciones y los actores políticos con su creatividad parecen adquirir una centralidad que parece autonomizar lo político respecto de las estructuras y sus leyes o tendencias (Leiras, 1996 y Lesgart, 2003), identidad que es conceptualmente construida, expresada y promovida por la teoría de las transiciones de la década de los ochenta (Lesgart, 2003), desde una izquierda intelectual que experimenta, expresa y promueve una transición teórica (Lesgart, 2000 y 2003) con vocación orientadora y legitimadora de la transición política, por lo que promueve una legitimación centralmente teórica y política de los cambios operados.

Pero esta transición es antecedida por otras transiciones: la de la década de los cincuenta a los sesenta, de una sociedad tradicional o dual a una sociedad moderna y la que inicia en los sesenta y fracasa o es derrotada en los setenta, del capitalismo al socialismo; esto es, respectivamente la cuestión del desarrollo o modernización y la de la revolución (Leiras, 1996).

Al definir el presente como pos-transición, puede sostenerse que el mismo está dinamizado por las tensiones acumuladas de la transición de la modernización o el desarrollo no cumplida y de la revolución derrotada o fracasada, que la pretendida autonomía de lo político respecto de lo estructural, promovida por la lógica de la última transición, al elaborarlas solamente en el registro de la institucionalidad jurídico-política, no puede en definitiva resolverlas. Las tensiones, lejos de desaparecer o atenuarse, se potencian, desde que los cambios institucionales dejan intacto el espíritu de las instituciones anclado en las relaciones de producción vigentes. Las instituciones se definen así como espacios de contención y resolución pacífica de conflictos, en una lógica en que la resolución de los conflictos de hoy parece ser el anuncio de una más intensa conflictividad mañana.

¿Hasta cuándo las instituciones de la democracia política podrán reproducir la lógica de la negociación de los intereses en conflicto desde las actuales “democracias pos-transicionales”, en las que los actores dentro de los marcos institucionales jurídico-políticos, deben contener sin poder en definitiva resolver las tensiones acumuladas por las transiciones incumplidas? ¿Hasta cuando puede mantenerse la paz al interior de nuestras sociedades conosureñas en el marco de tensiones acumuladas y potenciadas que implican de hecho la renuncia a la justicia social, con la precariedad que implica una paz sin justicia?3 (Bobbio, 1982).

Las transiciones no cumplidas con las consecuentes tensiones acumuladas y potenciadas en la vigente pos-transición, ponen en escena transiciones a futuro que no hacen más que evidenciar la “consolidación” de la “transicionalidad” y por lo tanto la “transicionalidad” de la “consolidación”.

En efecto, si atendemos al pensamiento académico, pueden advertirse posiciones teóricas de intención política para las que “democracia” no es sustentable sin “desarrollo” (Arocena, 2005, de Sierra, 2005, García Delgado, 2004, Moreira, 2004), por lo que de manera renovada ponen en la agenda de investigación las tensiones acumuladas de la transición no cumplida de los cincuenta a los sesenta, así como aquellas para las que “democracia” no es sustentable sin “socialismo” (López Velasco, 2005), actualizándose en este caso las tensiones acumuladas de la transición revolucionaria no cumplida de los sesenta del “capitalismo” al “socialismo”. Con estas últimas posiciones, reaparece la perspectiva de una izquierda revolucionaria (Gallardo, 2005, López Velasco, 2005), que más allá de la izquierda en el gobierno dentro de los límites de la pos-transición en curso, pone en la agenda teórica y política la cuestión del cambio social, procurando fundamentalmente interlocución con los movimientos sociales alternativos, en la perspectiva de que desde ellos, más que desde el sistema político y sus lógicas de reproducción, pueden elaborarse las perspectivas de cambio social que estos mismos movimientos ilustran con su praxis, por lo que se impone un discernimiento de la misma izquierda, tanto intelectual como política (Gallardo, 2005, Lesgart, 2000 y 2003, López Velasco, 2005), y de las orientaciones estratégicas en la construcción de una democracia que no se limite a la alternancia de partidos y candidatos en el ejercicio de un gobierno legitimado por la comparecencia de los electores en las urnas.

Esta perspectiva revolucionaria también está puesta en la agenda y por lo tanto no puede ser soslayada en el debate. Ella, a diferencia de la perspectiva de transformar las democracias de electores en democracias de ciudadanas y ciudadanos, sobre la que parece haber un consenso teórico y político mayoritario por lo que alcanza espacios de legitimación institucional de rango internacional (PNUD, 2004), no acota las perspectivas de transformación dentro de los límites del capitalismo, sino que sobre fundamentos de distinto orden (económico, político, ético) se orienta a ir más allá de los límites del modo de producción vigente.

Las dimensiones política, económica, social y cultural de la democracia.

Como ya se había señalado, en consonancia con la perspectiva que hemos identificado como minimalista de la democracia, que la reduce a su dimensión política y que es la que ha propiciado la transición operada en los ochenta que nos coloca en la actual pos-transición, la democracia en su condición de sistema de gobierno es hoy por hoy una realidad establecida y presuntamente consolidada, en cada uno de los países de la región y por lo tanto en esta como un todo: democracia entendida mínima y negativamente como no-dictadura.

Hablar de pos-dictadura y democracias pos-dictatoriales no hace más que enfatizar la presencia fuertemente determinante de las dictaduras de los setenta en las democracias políticas en curso (Rico, 2004): paradójicamente la democracia como no-dictadura, resulta siendo pos-dictadura y por lo tanto, presencia del pasado autoritario en el presente democrático.

Para el Uruguay el análisis histórico y politológico, es convergente en señalar que los veinte años transcurridos desde el inicio de la transición democrática en 1985, hasta el triunfo electoral de la izquierda en octubre de 2004 que la ha colocado en el gobierno nacional a partir del 1º de marzo de 2005, marcan cambios radicales y espectaculares en la historia política uruguaya, que dejan atrás fuertemente la pretensión restauradora que pudo haber signado el comienzo de la transición (Caetano, 2005). La perspectiva de la consolidación de la transición política y por lo tanto de la dimensión política de la democracia se objetiva en la llegada al gobierno de los partidos de izquierda a través de las urnas, como ha acontecido primero en Brasil y luego en Uruguay, en una alternancia no solamente de partidos sino también de ideologías, sin que ello haya implicado la amenaza manifiesta o latente de un golpe de Estado (Moreira, 2004 y Caetano, 2005).

Mirados los procesos en curso en el país y en su vecino mayor que ejerce hegemonía en la región, en la perspectiva de los cambios y transformaciones políticas, como lo hace apropiada y fundadamente la politología, estas son sin lugar a dudas “buenas noticias” (Moreira, 2004, 101) para la democracia en su dimensión de democracia política en el específico registro de forma de gobierno. ¿Son también buenas noticias para la democracia integral que como “realización de un régimen de derechos humanos” (Hinkelammert, 1990b, 133), no los reduzca a los derechos civiles y políticos del elector, sino que articule los mismos con los derechos económicos, sociales y culturales, sobre el criterio del ser humano como un sujeto corporal de necesidades (Hinkelammert, 1990 y Rico Bovio, 1990, 2000)? ¿Son por lo tanto también buenas noticias para la democracia en sus dimensiones económica, social y cultural?

Frente a la inflexión politicista que desde la Ciencia Política y la izquierda intelectual promueve en la década de los ochenta las transiciones a la democracia en la región, en la nueva situación pos-transicional con la que termina un siglo y comienza otro, frente a sociedades que lejos de modernizarse y desarrollarse se han dualizado, fracturado y desintegrado con creciente intensidad, desarrollando un tejido dinámico de relaciones causa-efecto de signo entrópico que profundiza el debilitamiento de la democracia también en su dimensión política; asoman perspectivas desde la sociología que reivindican un abordaje holístico al modo de los sesenta, aunque desde un nuevo contexto y fundamentalmente en razón de las demandas planteadas por las circunstancias socio-económico-políticas, más que por razones teóricas o ideológicas (de Sierra, 2005).

De manera convergente, García Delgado señala que el desafío principal, no solamente para las sociedades del Cono Sur, sino para la democracia política a la que han transitado, pasa por el logro de un desarrollo ‘inclusivo’ y/o ‘humano’, por lo que se invierte la ecuación de la teoría de la transición de los ochenta: en lugar de la democracia como condición para el desarrollo, el desarrollo como condición de la democracia desde la articulación sinérgica de Estado, Mercado y Sociedad Civil (García Delgado, 2004).

Con matices, frente al visible divorcio entre el sistema político democrático y el sistema económico no democrático en los países de la región, en el marco de la que identifica como “sociedad capitalista del conocimiento”, Arocena sostiene, de manera igualmente convergente, una perspectiva de Nuevo Desarrollo, desde el protagonismo de diversos actores y no ya desde el Estado o desde el mercado, con capacidad de redimensionar en términos democratizadores, la economía, el aparato estatal y el conocimiento: ello supondrá extensión y profundización de la democracia (Arocena, 2005).

Volvamos a la pregunta que había quedado planteada frente al dato de la rotación de los partidos de diferente signo ideológico en el ejercicio del gobierno, concretamente de partidos de izquierda, como es el caso de Brasil y Uruguay, sin la amenaza de un golpe de Estado como el que tuvo lugar en Chile en setiembre de 1973 cuando la izquierda había llegado al gobierno también por la vía electoral. Estas “buenas noticias” para la democracia política, ¿son igualmente “buenas noticias” para la democracia económica, social y cultural?

Frente al gobierno de la izquierda en el Brasil, la respuesta optimista y esperanzada (Capovilla da Luz Ramos, 20054 y Vuskovic Rojo, 20055), en este caso también frente al gobierno de la izquierda en el Uruguay, se confronta con una respuesta cuyo pesimismo hace pie en la orientación estratégica de las izquierdas en el gobierno (López Velasco, 2005), que en el caso brasileño y eventualmente en el uruguayo, no apuntaría “más allá sino más acá de lo que logró la socialdemocracia europea en sus días áureos del estado capitalista de Bienestar Social” (López Velasco, 2005, 254).

Analizadas estas tensiones en el marco de la perspectiva que aquí se ha esbozado, podrían señalarse dos alternativas:

a) Optimista: la transición democrática en términos de una democratización del funcionamiento del sistema político, hace posible que sin ningún tipo de conmoción actual o potencial, partidos que por su orientación ideológica habían sido en el contexto de los setenta popperianamente identificados como enemigos de la democracia y se les había llegado a tratar de acuerdo a la lógica de la guerra amigo-enemigo, eliminándolos de la opción de gobierno para salvar la democracia, -sea que lo hubieran conquistado democráticamente en las urnas como fue el caso de Chile, o que hubieran competido democráticamente por él sin lograr alcanzarlo como en el caso de Uruguay-, ocupen actualmente el gobierno, como es el caso de éste último, con perspectiva de seguir ocupándolo, por tal vez uno o dos períodos más en lo que desde hoy pueda razonablemente visualizarse.

La transición no habría tenido pues un sentido restaurador como se ha estimado para el Uruguay (Caetano, 2005), sino que habría un avance o cambio cualitativo respecto a la lógica democrática pre-dictatorial: legitimidad de todos los partidos con independencia de su orientación ideológica, en tanto inscriben sus prácticas políticas en los marcos de la legalidad instituida; esa legitimidad de la competencia democrática por el voto de los electores, se traslada sin cortapisas a la legitimación del partido que gana el gobierno por este procedimiento, no importa cuál sea su orientación ideológica.

Desde ese contexto de democracia política e ideológica consolidada, que representaría el cumplimiento de la transición a la democracia en términos de una plenitud política tal que no hay otra exclusión que la que dictamine la libre expresión ciudadana en las urnas, eventualmente sobre el referente de la transición abortada de los sesenta (del capitalismo al socialismo), pero desde un nuevo contexto en que el socialismo parece haber dejado de ser objetivo estratégico de un proyecto histórico-político, para ser idea reguladora o referente trascendental en términos ideológicos, se retoma con pretensiones de realización el proyecto histórico-político de cumplimiento de la transición no cumplida de los cincuenta: de la sociedad tradicional o dual a la sociedad moderna6.

Trascendentalizado el referente del socialismo al mundo de las ideas, más allá de confrontar con el liberalismo o con el conservadurismo en el incruento debate de ideas, implicaría un diferencial en la orientación del cumplimiento de esta transición en el sentido de que la lógica de la modernización no fagocitaría a la lógica de la modernidad, lo que ha sido metafóricamente expresado y reivindicado como “capitalismo con rostro humano”. “Desarrollo ‘inclusivo’ y/ o ‘humano’ “ (García Delgado, 2004), “Nuevo Desarrollo” (Arocena, 2005), serían las orientaciones conceptuales que en el marco del nuevo contexto del capitalismo –“globalización neoliberal ‘desde arriba’ ” (García Delgado, 2004)), “sociedad capitalista del conocimiento” (Arocena, 2005), en una orientación estratégica dentro de las imposiciones que supone y las posibilidades que ofrece, y por lo tanto sin aparente pretensión pos-capitalista, aparece como posible por la implementación de ese desarrollo desde la democracia política, superar el déficit democrático en el horizonte de la democracia económica y social.

b) Pesimista: mirada la transición a la democracia política, específicamente para el caso uruguayo y en la perspectiva de la que identifica como “transición discursiva” que construye y consolida “una nueva subjetividad política”7, Álvaro Rico señala la “fijación de un único sentido común interpretativo posrestauración institucional: el estadocéntrico-partidocrático (Rico, 2005, 341). “El lenguaje político único y los ‘buenos modales’ democráticos” trasunta un tácito “consenso de la élites políticas” (Rico, 2005, 342), que –a nuestro juicio- incluye también a sectores significativos de la izquierda política, hoy en el gobierno. El déficit democrático de las democracias postransicionales así mirado, no es solamente económico, social y cultural –que también lo es notoriamente- sino que lo es en términos de cultura política desde la hegemonía del sentido común democrático instalado, y estrictamente político, al haberse institucionalizado una “democracia elitista” (Rico, 2005, 345).

Para el Uruguay posdictadura, como clima espiritual dominante y eventualmente extrapolable a otros países de la región: “…los referentes del cambio social construidos a partir de la vía revolucionaria abierta con la Revolución Rusa y la Revolución Cubana en América Latina, así como los referentes modernizadores construidos a partir de la fetichización neoliberal del mercado, con la caída del Muro de Berlín y con nuestra crisis financiera y productiva actual, confirman el agotamiento de los relatos utópicos, resaltan la validez del ‘puro sistema’ como tal y la mera capacidad de administrarlo como falta de alternativas” (Rico, 2005, 344).

En la perspectiva de los que en aquél contexto –marzo de 2004- para el Uruguay eran cambios políticos en ciernes, terminaba Álvaro Rico sus reflexiones señalando: “…a la hora de plantearse los cambios por venir en el Uruguay, la tarea política de romper con el sentido común dominante, con el pensamiento liberal único, con los fenómenos de estigmatización social, con la recuperación del sentido figurado en las palabras públicas a través de una crítica radical al statu quo capitalista, que rompa la lógica de hierro del discurso dominante e imponga una referencialidad política más representativa, pluralista y dialogante, en pos de la recreación de expectativas y creencias colectivas que prefiguren una verdadera democracia participativa” (Rico, 2005, 346).

Estas reflexiones son escépticas en cuanto a que la transición a la democracia se haya cumplido en términos políticos democráticos y que los déficits lo sean solamente en las dimensiones económica, social y cultural de la misma. Es escéptica en lo atinente a la propia dimensión política de la democracia posdictadura: restauración de las instituciones, pero recrudecimiento en relación a la predictadura en lo que hace al espíritu de las mismas en cuanto “lógica de hierro” para la preservación y reproducción del “statu quo capitalista”.

Con independencia de los planteamientos de Álvaro Rico, y desde la consideración de que la izquierda ha llegado a ser gobierno por vía electoral en los países de la región con distintos acentos y (Brasil y Uruguay) a través de distintas políticas de alianzas, la lectura pesimista de la tolerancia del sistema político a su diferencia ideológica, es que la misma ya no significa nada en términos estratégico-políticos en lo que hace a la transformación de las relaciones capitalistas de producción, sino que a través de programas mínimos de reformas solamente procuran darle un rostro humano. La llamada “muerte de las ideologías” no sería otra cosa que “la validez del ‘puro sistema’”, que nos recordaba Álvaro Rico.

Para Sirio López, según alcanzo a interpretar, la condición para el cumplimiento de la transición a la democracia política, a la que define como “orden en el que los más deciden” (López Velasco, 2005, 262), implica dentro del actual contexto capitalista la “revolución”, por lo que el cumplimiento de la transición de los ochenta (de la dictadura a la democracia) que se procesa con diferencias de país a país, tendría su condición de posibilidad en el cumplimiento de la transición (revolucionaria) de los sesenta (del capitalismo al socialismo), que –puede estimarse- sería a su vez condición del cumplimiento de la transición de los cincuenta (de la sociedad tradicional o dual a la sociedad moderna) en la perspectiva de una modernidad con capacidad de control de la modernización, en su registro de racionalidad instrumental destructiva de las sociedades humanas y la naturaleza.

Se cumplimentarían así las dimensiones política, económica, social, cultural y también ecológica de la democracia.

Desde esta presunta visión, ante la sospecha de que en el caso del Brasil y también en el entonces eventual caso de Uruguay, el objetivo estratégico de la izquierda gobernante no pareciera ser de perspectiva poscapitalista sino “la asunción del paradigma neosocialdemócrata europeo (o sea el fin, y no la manutención, del ‘estado de bienestar social’) enriquecido, quien sabe, con matices superficialmente ecologistas…” (López Velasco, 2005, 260), se habla de un “abandono-traición” (López Velasco, 2005, 261) de los objetivos estratégicos. La sospecha se transforma eventualmente en acusación y el tono de la misma oscila entre el “abandono” y la “traición”.

De acuerdo con nuestras anteriores consideraciones sobre la visión de Sirio López Velasco, la inhabilitación de la perspectiva revolucionaria bloquearía la perspectiva de la democracia en todas las dimensiones consideradas. La sustitución de la perspectiva estratégica poscapitalista por una perspectiva socialdemócrata degradada, es lo que haría que la izquierda en el gobierno por la vía electoral no despierte la amenaza actual o virtual de un golpe de Estado, por lo cual la rotación de partidos, que implica para el caso además rotación ideológica, pasa a ser una buena noticia para el mantenimiento del statu quo del capitalismo y no para la democracia en su dimensión política, pues sin revolución, quienes hoy de acuerdo al planteo de López Velasco no deciden, los más, seguirían sin poder hacerlo. El bloqueo de la democracia en su dimensión política entendida como el “orden en que los más deciden”, se traslada directamente a las dimensiones económica, social, cultural y ecológica.

Cierto aire de familia con la identificación de la democracia como “orden en que los más deciden”, con el sentido adicional de que quienes antes no decidían, pasan a hacerlo, en la referencia al concepto de “ciudadanía”, surge de los planteamientos que desde Uruguay, efectúa la argentina Susana Mallo: “Al hablar del concepto de ciudadanía estamos haciendo alusión a una práctica conflictiva relacionada con el poder, que refleja ‘quiénes podrán decir qué’ en el proceso de definir cuales son los problemas comunes y como deberán ser abordados” (Mallo, 2005, 265). Ese compartido aire de familia se verifica igualmente en la valoración de las experiencias de “democracia directa” en las que se juegan perspectivas de construcción de ciudadanía desde la sociedad con un sentido alternativo a la que se constituye desde el poder en el Estado y por lo tanto con potencial proyección en la transformación institucional: “El ciudadano deja de ser un mero receptáculo de los derechos promovidos por el Estado para transformarse en un sujeto de derecho que busca participar en ámbitos de ‘empoderamiento’, que va definiendo según su capacidad de gestión y según como _evalúa el ámbito más rico y más propicio para las demandas que intenta gestionar. No deja de ser interesante analizar, desde esta perspectiva, expresiones de ciudadanía directa como las experiencias recientes del movimiento piquetero en Argentina o el referéndum por ANCAP en Uruguay.” (Mallo, 2005, 266).

La perspectiva de la transformación institucional , -habría que ver si también del ‘espíritu de las instituciones’- estaría en ciernes y podría verificarse y consolidarse en el sentido del cambio de ‘decisores’, sin que ello implique, al menos explícitamente, la revolución como forma del cambio social y político y el socialismo o poscapitalismo como horizonte estratégico. Entre otras variables, hay que tomar en cuenta que los actores del cambio social en el planteo que ahora analizamos, son los sectores que emergen con formas de resistencia, protesta y ‘empoderamiento’ auto-construyendo ciudadanía en un espacio distinto al tradicional escenario político y por lo tanto, no se trata del protagonismo de los partidos políticos de izquierda en el gobierno, con sus programas, sus estructuras, sus alianzas y sus ideologías.

El planteamiento de Susana Mallo interpela también a la 'transición discursiva'’ como la ha denominado y analizado Álvaro Rico y como la ha ilustrado con sesgo propio Horacio Cerutti Guldberg (Cerutti Guldberg, 2005): “El desafío consiste en encontrar la forma de realizar la transformación de las instituciones; para que ‘cambien de dueño’ opina Jelin. Para ello es necesario replantear los requisitos de gobernabilidad y representación, por un lado, y la participación y control ciudadano por el otro, los que muchas veces han sido vistos como contradictorios: frases como ‘el exceso de demandas’ debilita la democracia, o ‘los representantes han sido elegidos para gobernar’, la famosa democracia delegativa de la cual habla Nun es parte de los discursos autoritarios, aún en democracia” (Mallo, 2005, 268).

Las tensiones, en un proceso de construcción de ciudadanía desde la sociedad que interpela al poder desde el Estado, son manifiestas y deben ser tomadas en cuenta en la perspectiva de “tratar de resolver ese frágil equilibrio entre la participación de todos y la responsabilidad social del estado, más claramente aún la lucha entre la hegemonía y la apuesta por la democracia cultural y social” (Mallo, 2005, 270).

La dimensión cultural de la democracia, plantea algunos problemas específicos cuando pensamos la democracia como “realización de un régimen de derechos humanos” y por lo tanto pensamos a los derechos humanos culturales en su relación con los derechos civiles y políticos en una dirección y con los derechos económicos y sociales en la otra. Comprenderlo significa un discernimiento del sentido profundo de las identificaciones de los derechos humanos en términos de generaciones: derechos de primera generación (civiles y políticos), derechos de segunda generación (económicos y sociales), derechos de tercera generación (culturales).

Para el caso, las generaciones no se suceden linealmente en una misma orientación de sentido, sino que en principio los derechos de segunda generación, en un sentido extienden a los de la primera, pero en otro sentido suponen un conflicto con los mismos: “Creemos que estos derechos humanos no se pueden expresar simplemente como de segunda generación o sea, no es que solo se añadan derechos humanos a los anteriores. Se manifiesta un conflicto entre los derechos de la igualdad contractual y estos derechos humanos propiamente dichos (Hinkelammert, 2003, 136). Mirado así, los llamados derechos humanos de primera generación, no son en realidad derechos de las personas en su condición de sujetos corporales de necesidades, sino derechos de los sujetos definidos al interior de las relaciones burguesas de producción como propietarios y en sus correspondientes relaciones burguesas de reproducción del orden burgués, como ciudadanos.

Los llamados derechos de segunda generación, cuya reivindicación se hace manifiesta toda vez que son negados, sea por la violación o sea por la totalización de los primeros, son derechos humanos propiamente tales pues lo son de las personas en cuanto sujetos corporales de necesidades, por lo que su afirmación supone la radical reformulación de aquellos de primera generación que son derechos sobre el referente de las relaciones de producción y de reproducción de la sociedad burguesa. Los derechos humanos de segunda generación (económicos y sociales) o derechos humanos propiamente tales, constituyen el criterio para todos los llamados derechos humanos en que el referente de su formulación esté dado por determinadas relaciones de producción y de reproducción existentes o posibles y no por la persona humana en cada una de sus expresiones actuales o posibles, en su condición corporal como sujeto de necesidades.

¿Qué pasa entre tanto con los derechos culturales o de tercera generación? Estos presentan la peculiaridad de tener como referentes a las personas en relación a sus grupos o comunidades de pertenencia y a los grupos o comunidades en relación a las personas que las integran, así como a las personas y a las comunidades entre sí. La afirmación de éstos, en los que el sujeto corporal de necesidades como su referencia implica las tensiones persona-comunidad, persona-persona y comunidad-comunidad, genera un nuevo frente de tensiones en la ya conflictiva relación entre los derechos de primera y segunda generación.

Si los de primera generación son los derechos de la emancipación burguesa, los de segunda generación lo son respecto de la dominación burguesa y los de tercera generación lo son frente a la violación o a la totalización de los de primera generación que implican el bloqueamiento de los de segunda generación. La reivindicación de los derechos culturales no se establece a partir de derechos económicos y sociales universalizados, sino a partir del agresivo proceso de su nihilización para las grandes mayorías. Son derechos emancipatorios frente a la dominación burguesa globalizada y totalizada. La legítima lucha por la conquista de los derechos culturales en general y dentro de ellos, del derecho a la diferencia, parece terminar favoreciendo no intencionalmente la no universalización de los derechos económicos y sociales.

El reconocimiento de derechos humanos culturales, entre los cuales los derechos humanos relativos a la diferencia tienen centralidad, hace a la construcción de la dimensión cultural de la democracia. La construcción de la dimensión cultural, en lugar de ser una extensión de las dimensiones económica y social ya cumplidas, emerge en el contexto de la nihilización de su vigencia al cual sobredetermina no intencionalmente.

La realización de la dimensión cultural de la democracia, puede resultar una llave de seguridad para una dimensión política acotada a la democracia de electores y una dimensión económica y social en franco proceso de profundización regresiva, al legitimar a aquella dimensión política, en cuanto ámbito posibilitante de reconocimiento y respeto de derechos culturales que hacen a la emancipación cultural.

La dimensión histórica y la dimensión utópica de la democracia.

Señala Lucía Sala que “a lo largo de la historia ha habido lo que podría llamarse una contienda por la democracia” (Sala, 2005ª , 410). Señala también, que lejos de estar cerrada la contienda sobre la democracia como lo señalaba Huntington por la pretensión de un definitivo triunfo de la versión schumpeteriana de la misma, nuevas experiencias de democratización y nuevas versiones de la democracia, ponen en evidencia que al menos en América Latina la contienda sigue abierta (Sala, 2005 b). Nos animamos a postular que la contienda por la democracia seguirá abierta, en tanto no suscribimos ningún pretendido “fin de la historia”.

Destaca también Lucía Sala, que en América Latina, “democracia casi sin excepción adjetivada- ha referido no solamente a tipos de gobierno y sistemas políticos, sino a estructuras sociales y culturales (Sala, 2005ª, 410). Esta última observación es especialmente significativa, pues en lo que hace a nuestra historia latinoamericana, pone en relieve que la democracia no ha sido concebida sin apellidos y que lejos de poder ser reducida a forma de gobierno, implica las dimensiones social y cultural como plenamente constitutivas, conjuntamente con la dimensión política. No obstante esta concepción no reductiva de la democracia, también señala que ella “fue un producto escaso en América Latina, donde los procesos internos estaban estrechamente vinculados con las condiciones de dependencia a nivel internacional (Sala, 2005ª , 416), observación ésta última que si bien tiene por objeto las primeras décadas del siglo XX, puede extenderse al conjunto del siglo, con la excepción del fin de siglo en el que, curiosamente, a partir de las transiciones de los ochenta, se extiende en el Cono Sur, pero también en el resto de América Latina, una democracia restringidamente política, que puede identificarse como partidocracia o como tecnopartidocracia delegativa, que rechaza adjetivos o apellidos, pretendiéndose la democracia.

En sus extremos negativos, esta partidocracia o tecnopartidocracia delegativa que como pretendida consolidación de la democracia ha ocupado la dimensión político-institucional de los países de la región, presenta en el caso singular de la Argentina los mil y un vicios de la “vieja política” con la que entra en tensión “una nueva forma de hacer política” que “se opone a los manejos de los políticos tradicionales, pero, más explícitamente, se trata de dar respuestas a lo social y económico, de buscar la transparencia en la acción de cada uno de los tres poderes, de aumentar la eficiencia y el compromiso del estado con la sociedad civil, de controlar las empresas privatizadas.

Surge una sociedad civil que se organiza, que defiende la salud y la educación para todos, que es consciente de que hay que combatir la pobreza, la inseguridad, la falta de justicia. Irrumpen sectores no tradicionales, que se autoconvocan y van por fuera de estructuras partidarias o sindicales y exigen renovación completa de los elencos gubernamentales. Se pide que el voto sea expresión del pluralismo para que la democracia vuelva a ser representativa” (Pérez Zavala, 2004, 306).

Los registros que para la Argentina establece Pérez Zavala sobre la “vieja política” y la “nueva política”, ilustran empíricamente en la región, la caracterización del espacio tradicional de la política como “espacio de corrupción” y “espacio de consumación” y de “transacción de privilegios” que vacía el sentido de la “representación”, al sustituirla por la “delegación”, frente al cual la alternativa pasa por la generación de nueva “ciudadanía” no como mera extensión de la ciudadanía en su sesgo politicista tradicional, sino desde los referentes que implican una radicalidad social eventualmente crítica al sistema; la de sus “víctimas”. Desde allí se generan los sentidos de “sociedad civil” y de “sociedad política” que vertebrados sobre el eje de un nuevo “carácter del poder”, en lugar de aportar a la reproducción sistémica, lo hacen a la articulación de una perspectiva emancipatoria (Gallardo, 1995 y Acosta, 2003).

En esta presencia paradigmática en la región de la “vieja política” o “espacio tradicional de la política” como “espacio de corrupción” que genera la reacción desde la sociedad de una “nueva política” que articula un “nuevo carácter del poder”, se hace especialmente visible la conflictividad en términos de fractura del topos de las democracias postransicionales, desde el que se genera la utopía democrática y su relación con ella, para construir la democracia posible.

El topos regional implica en el pasado-presente, una historia en que la democracia en los términos políticos de forma de gobierno, ha tenido no obstante las diferencias de país a país, escasa vigencia con la más visible excepción de Uruguay, y habiéndose reivindicado de manera extendida una idea integral de la democracia que a la dimensión política suma la económico-social y la cultural; cuando la democracia política cubre al conjunto de los países de la región, lo cual supone según la visión dominante la consolidación democrática, paradójicamente, el bloqueo para la realización de las dimensiones económica y social se radicaliza por la presión externa de la estrategia de acumulación del capital sobre sus ejes trasnacional-imperial y por la profundización del espacio político tradicional como espacio de corrupción y transacción de privilegios.

Desde este topos es que se despliega la dimensión utópica de la democracia, como imaginación y pensamiento de un deber ser democrático, que sigue orientaciones contrapuestas, según intereses igualmente contrapuestos, por lo que en la medida en que adquiere una definición narrativa o discursiva, a las funciones legitimadora del presente, justificadora de la normatividad de lo fáctico y reductora del futuro a extensión del presente, que caracterizan a la que en relación al Uruguay posdictadura, ha sido identificada como transición discursiva (Rico, 2005), contrapone las funciones crítico-reguladora, liberadora del determinismo legal y anticipadora de futuro (Roig, 1987 y Fernández, 1995) al modo de una contratransición discursiva.

Si la transición discursiva aparece sobredeterminando “el agotamiento de los relatos utópicos” y “la validez del puro sistema como tal” (Rico, 2005), puede ser identificada en relación a la dimensión utópica, como antiutópica o, mejor aún como expresiva de un utopismo antiutópico. En más de un lugar ha señalado Hinkelammert que este es el peor tipo de utopismo. ¿Por qué? Porque pretende ser realismo y en realidad es un utopismo que pretende autolegitimarse como realismo frente a los utopismos alternativos.

En cambio la contratransición discursiva, frente a este utopismo antiutópico vuelve a expresarse utópicamente al modo de los “relatos utópicos” que movilizaron a las sociedades latinoamericanas en las décadas de los sesenta y los setenta, o históricamente por la articulación de un discurso cuyo realismo encuentra en la dimensión utópica la condición trascendental de posibilidad en términos de un pensamiento con capacidad de realización de lo históricamente posible8.

En referencia a la función utópica del discurso, que tanto Roig como Fernández referían al discurso liberador, Fernández añadía una cuarta función, que puede entenderse de síntesis, que es la constitución de una forma de subjetividad: en el cumplimiento de las funciones discursivas crítico-reguladora, liberadora del determinismo legal y anticipadora del futuro, se constituye el sujeto en su condición discursiva de sujeto de la liberación. Siguiendo su argumentación, pero de acuerdo a nuestro análisis que articula los aportes de Hinkelammert, en el cumplimiento de las funciones del discurso legitimadora del presente, justificadora de la normatividad de lo fáctico y reductora del futuro a extensión del presente, se constituye el sujeto en su condición discursiva de sujeto de la dominación.

Si atendemos a la perspectiva de la que hemos identificado como contratransición discursiva en que la función utópica del discurso se cumple en los registros que hacen a la constitución de un sujeto de orientación liberadora, la misma no es unívoca sino que presenta distintas posibilidades.

En el mismo topos que registraba Pérez Zavala (Pérez Zavala, 2005) se explica, interpreta Arturo Roig “los alcances del grito popular lanzado durante la profunda crisis de inmoralidad, saqueo y muerte que se padeció en Argentina durante la crisis de gobernabilidad del año 2002: ‘que se vayan todos’” (Roig, 2005, 352), en los términos de la “democracia directa” como “idea reguladora” o como “principio operativo” de “la democracia, en cuanto ejercicio del poder popular” (Roig, 2005, 347), es decir, como referente utópico desde el cual desmontar críticamente el sistema de gobierno que se ha pervertido de manera extrema, para reformular las mediaciones de manera tal que “democracia representativa” sea históricamente algo más que una denominación legitimatoria en nombre de la mayoría de un poder ejercido en beneficio de una minoría gobernante, sus amigos, familiares y socios nacionales o extranjeros.

Desde una lectura que se propone consistente con Gramsci y Mariátegui, Roig pone el acento en torno a un proyecto en que la “sociedad civil” al ser el nuevo lugar de la nación, no es lo otro respecto del “estado nacional”, proyecto que se instala en la relación y tensión “entre utopía y realismo”, con “formas de democracia directa o de democracia representativa según sean los ámbitos o niveles”, lo cual implica la consideración de las inevitables “formas de mediación”, forjando un sistema con sus “formas críticas y de control”, proyecto que podría tal vez merecer la estimación de “regreso a un socialismo utópico”. No obstante, entiende Roig siguiendo a Sánchez Vázquez que así como se ha transitado del socialismo utópico al socialismo científico, es hoy posible y eventualmente necesario poner en relación al socialismo científico con el socialismo utópico como condición para la realización de un orden alternativo: “Ninguna utopía está definitivamente bloqueada y no hay pensamiento científico, en la medida que entra en juego un deber ser, que no se aproxime, sabiéndolo o no a la utopía” (Roig, 2005, 375).

Por su parte, Fernando Aínsa, citando a Fernando Henrique Cardoso, destaca “que en América latina existe ‘una propensión a las utopías regresivas, una búsqueda casi mítica por el pasado, una nostalgia por un maravilloso mundo, que nunca existió’”(Aínsa, 2005, 30). Y acto seguido se plantea el problema, focalizando la dimensión utópica para el caso uruguayo: “Mas allá de saber si ese pasado existió o hasta donde pudo existir realmente; lo importante es ver si esas utopías pasatistas indican en realidad un rumbo viable para las transformaciones necesarias del presente; si lo que fue útil ayer puede ser apropiado para hoy o mañana; saber si ese regreso a un pasado idealizado supone una alternativa real para la sociedad; si el pasado, en definitiva, puede ser un modelo ante los procesos de globalización en que estamos inmersos” (Aínsa, 2005, 30).

Frente al mismo problema la respuesta de Álvaro Rico es radicalmente escéptica, pues no solamente visualiza la imposibilidad de la actualización del discurso del “Uruguay del Maracaná” sino que tampoco percibe en el discurso liberal-modernizador hegemónico de la “transición discursiva” capacidad de convocatoria y realización para un proyecto de futuro: “…ni la tradición puede actualizarse ni el presente puede proyectarse en forma creíble, ni el discurso utópico ni el discurso liberal modernizador logran entusiasmar masivamente, dando por resultados fuertes bloqueos en el imaginario colectivo y el inmovilismo de las expectativas sociales” (Rico, 2005, 343-344)9.

La respuesta del mismo Aínsa, no obstante es convergente con la de Rico en cuanto a que el pasado no puede ser actualizado, entiende que debe ser críticamente recuperado como referente en la articulación del proyecto que pueda permitir al Uruguay superar sus déficits de modernidad, que incluyen los de su recuperada democracia: “la utopía regresiva que intenta rescatar del pasado un tiempo perfecto y feliz al que se debe regresar, en la medida en que alimenta la nostalgia, empaña el presente, levanta barreras mentales que dificultan vislumbrar los caminos de la historia e impide construir las bases de una sociedad mejor. La historia la desmiente. No otra cosa parece haber sucedido con la utopía de la democracia en Uruguay. Sin embargo, no puede concebirse otro futuro posible que no tenga en cuenta esa ‘excepción’, que no haga del acervo de ese imaginario desguazado el mejor trampolín para los desafíos pendientes de la modernidad inconclusa. Porque, entre otras cosas, ‘lo nuevo no es arrepentimiento de lo viejo’, como nos cantó el poeta Salvador Puig, cuando todo era todavía una confiada esperanza en el futuro” (Aínsa, 2005, 30).

Mientras Fernando Aínsa, español por nacimiento y uruguayo por adopción, actualmente radicado en España, elabora la dimensión utópica de la democracia en Uruguay en el registro de utopía regresiva que acabamos de bosquejar, el uruguayo Sirio López Velasco, pero en su caso desde Brasil, elabora la dimensión utópica de la democracia para Brasil y para Uruguay explícitamente, aunque también para la región y para el mundo, en una perspectiva que su autor postula como progresiva o, mejor aún, revolucionaria: el “horizonte utópico ecomunitarista”, caracterizando al “ecomunitarismo como siendo un orden socioambiental donde las relaciones sociales están pautadas por la constitución planetaria efectiva del género humano, guiada por la consigna ‘de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad’ (…) y donde las relaciones entre la comunidad humana y la naturaleza no - humana se pautan por la sustentabilidad (concretizada, entre otras cosas, a través de la práctica de las “3 R” –reducir, reutilizar y reciclar- ) en materia de recursos (que deberán ser lo más posible renovables) y residuos; en el ecomunitarsmo son superadas las relaciones de dominación en las esferas de la erótica, la pedagógica, la economía, la política, la cultura y los nexos interétnicos, y también es dejada atrás la auto-represión alienada en todas las vivencias del individuo” (López Velasco, 2005, 253).

Luego de haber sintetizado su concepción del “ecomunitarismo”, se pregunta “por el cambio social efectivo que en Brasil y Uruguay está o no sucediendo, a la luz de esa perspectiva utópica” (López Velasco, 2005, 253).

Ensayando una respuesta propia para la misma pregunta, podría afirmarse que para el Uruguay el cambio social entre la crisis institucional de 1973, que tuvo lugar ante la amenaza de la izquierda con su fuerza utópica revolucionaria, y la reciente victoria electoral de esa izquierda definida hoy como progresista que lejos de poner en crisis a las instituciones democráticas jurídico-políticas las fortalece, el cambio social acontecido ha sido a todas luces regresivo: la sociedad se ha dualizado y fragmentado de manera radical entre un número creciente de pobres que son cada vez más pobres, el que es alimentado por una tendencia a la desaparición de las clases medias y un sector minoritario de ricos, cada vez más ricos. A todas vistas esta dualización y fragmentación de la sociedad o cambio social regresivo, condiciona negativamente la gobernabilidad democrática, y el triunfo electoral de la izquierda con una mayoría de votos superior al 50% de los sufragios válidos emitidos, implica votos que han venido de fuera de la izquierda, en la perspectiva de que el gobierno de izquierda atenderá efectivamente la emergencia social en el sentido de revertir la tendencia negativa del cambio social que ha venido construyendo una sociedad cada vez más invivible para las mayorías sociales, claramente, pero también para las minorías que ven crecientemente amenazada su seguridad.

Pero, la nueva identidad “progresista”, con la que la izquierda ha conquistado la mayoría del voto ciudadano, si bien promete el progreso de la sociedad en sus distintas dimensiones, implica una visible declinación de la anterior identidad revolucionaria de las décadas de los sesenta y setenta. En términos de ejercicio representativo del poder, la izquierda que ha desarrollado su específica transición discursiva, sustituyendo revolución por progreso y que ha conquistado esa inédita abrumadora mayoría de las voluntades que se expresaron democráticamente en las urnas el pasado octubre de 2004, pareciera que no está objetivamente legitimada para poner en el lugar de la estrategia “progresista” que la llevó a la victoria electoral ya avanzado el siglo XXI, la estrategia “revolucionaria” (en realidad “estrategias revolucionarias”, tantas como grupos se articulaban dentro de la izquierda del espectro político y por lo tanto de difícil consenso) con la cual convocaba una militancia muy pujante, pero un electorado insuficiente para conquistar y legitimar electoralmente una perspectiva y proyecto de gobierno democrático desde el ejercicio del mismo. De optar, una vez en el gobierno, por una estrategia revolucionaria visiblemente ausente en su convocatoria al voto ciudadano en las últimas elecciones, nos encontraríamos en la hipótesis de que podría acusarse a la izquierda en el gobierno de “abandono-traición” de los objetivos estratégicos con los que convocó al electorado.

En relación al sentido de estas consideraciones que hacen a la pertinencia o no pertinencia de evaluación de las estrategias de izquierdas en el gobierno en el 2005, con los criterios estratégicos de las izquierdas en proceso de acumulación de fuerzas, emergentes y episódicamente insurgentes en los setenta, desde México el argentino por nacimiento y mexicano por adopción Horacio Cerutti Guldberg, al evaluar de modo propio la “transición discursiva” –sin utilizar por ello esa expresión- a que se refiriera Álvaro Rico, expresa: “Tengo para mí, que la transitología ayudó, quizá sin pretenderlo (démosle el beneficio de la duda) a difundir una mixtificación. No sólo la del abandono del enfoque histórico estructural y la asunción acrítica de la hipótesis nunca comprobada de que el conflicto social sería cuestión decimonónica, sino la amplia difusión de la arbitraria oposición entre lo que habría sido el revolucionarismo de los 70s y la revaloración de la democracia formal (liberal) a inicios de la década perdida. Induciendo la extravagante idea de que por primera vez en esos momentos se habría comenzado a valorar la democracia en la región.

Así, se fueron eslabonando una serie de oposiciones binarias que desde esos “ahora” denigraron, viéndolos como delirantes, las luchas y los afanes de los 70s e idealizaron los procedimientos de la democracia representativa. Por cierto, considero a esos procedimientos, a lo mejor conviene decirlo para evitar cualquier suspicacia, por supuesto siempre preferibles a la mejor dictadura. Por definición, quedarían establecdas sin más como posiciones mutuamente excluyentes: revolución/democracia, violencia/pacifismo, movimientos guerrilleros/partidos políticos, enemigos/consensos, utopía/realismo, toma del poder/ética de la política, transformación estructural/gradualismo de lo local, etc.

En suma, frente a los iluminismos vanguardistas, nos encontramos hoy con el abatimiento impotente de la sensibilidad posmoderna, la fragmentación disgregante y, en el límite, convalidadora de lo existente. Todo maquillado de ultra crítica frente a lo que habría sido el puro irracionalismo ideológico de mentes calenturientas e inmaduras de etapas anteriores. Con lo cual, de manera quizá no tan paradójica. Se habría venido, seguramente sin pretenderlo, a brindar inaceptable legitimación a la infame doctrina de los dos demonios, la cual pretendió hacer de las víctimas victimarios. Eso convenientemente edulcorado por el recurso a la violencia desde abajo, para intentar –sin éxito, claro- invisibilizar la violencia, el monopolio de la violencia ejercida desde arriba por unos estados que nunca acaban de arribar a una efectiva vigencia del derecho, expresado, se pretende, en unas leyes que para su propio beneficio se dictan. Respeten las leyes, parecen decirnos, aunque seamos nosotros los mayores transgresores de nuestras propias leyes. Quizá por aquello de que ‘la ley es como el cuchillo, no corta al que lo maneja’…Sin ninguna novedad en la reiteración del colonial dictum ‘se acata, pero no se cumple’…” (Cerutti Guldberg, 2005, 149-150).

Volviendo a la pregunta de López Velasco que hemos hecho nuestra. A nuestro juicio, la victoria electoral de la izquierda en Uruguay se explica, entre seguramente otras razones, por una voluntad mayoritaria de impulsar un cambio social de signo progresivo –esto es, “progresista” como alternativa al cambio social regresivo que se ha venido profundizando desde la crisis institucional de los setenta, pero también como alternativa al cambio social revolucionario, cuya emergencia amenazante para el statu quo capitalista, provocó en aquellos años la reacción de dicho statu quo vía golpes de Estado y dictaduras de nuevo tipo. También a nuestro juicio, aunque sin las precisiones propias de una construcción filosófica de la utopía como la efectuada por López Velasco, un horizonte utópico con estos rasgos impregna hoy el pensamiento de la izquierda aunque trasciende sus límites en un consenso que es cada vez más amplio y que, no obstante para el Uruguay deba incluir la relación histórico-crítica con su utopía democrática regresiva, expresa para el país y posiblemente también para Brasil, para la región y para el mundo, el horizonte utópico en relación al cual se orienta crítico constructivamente la racionalidad estratégica que le disputa el terreno al utopismo antiutópico del liberalismo modernizador, más extendidamente identificado como neoliberalismo en un uso tal vez abusivo del término, que puede haber derivado en su vaciamiento de sentido.

Mi respuesta al planteamiento de López Velasco es afirmativa: el “ecomunitarsmo” (o cualquier otra identificación con rasgos convergentes con los que el autor ha señalado), es sin lugar a dudas el horizonte utópico en relación al cual se desarrollan perspectivas estatégicas de cambio social hoy, en el caso de Brasil y Uruguay, con la presencia en el gobierno democrático de partidos de izquierda.

Lo que debe resolverse, evitando en primer lugar una cuestión de palabras es, en la perspectiva de la aproximación histórica hacia el objetivo, la articulación de una racionalidad estratégica en que la democracia sea revolucionaria y la revolución sea democrática, equilibrio dinámico que sería propio de la racionalidad estratégica de una izquierda “progresista”, en cuyo cumplimiento iría en juego además de la legitimidad del cambio social, - en un juego de legitimidad por legalidad, pero también de legalidad por legitimidad sobre el referente sustancial de la vida concreta de personas y comunidades en términos de dignidad-, la posibilidad misma de su realización acumulativa, sin amenazas de crisis institucionales que pudieran dar lugar a la renovada imposición de condiciones reforzadamente regresivas.

¿Será esto mero reformismo al interior del capitalismo? Si, como sostiene López Velasco, no hay una falsa oposición entre “revolución” y “reforma”, ¿será solamente porque las reformas preparan la revolución y porque la revolución una vez producida debe ser seguida de reformas a los efectos de no adolecer de pérdida de sentido? Tal vez las reformas en extensión y profundidad sostenidas en el tiempo puedan constituir la revolución entendida como una transformación del campo del poder o como una transformación estructural y no solamente como “toma del poder del Estado por una propuesta económico-político-cultural hasta entonces no hegemónica” (López Velasco, 2005, 255).

En todo caso, en Brasil y Uruguay, el Partido de los Trabajadores y el Frente Amplio- Encuentro Progresista - Nueva Mayoría respectivamente, no han tomado el poder sino conquistado el gobierno. La perspectiva estratégica desde la “conquista del gobierno” en la lógica electoral del juego democrático, no puede ser la misma que la de la “toma del poder” en un proceso de insurgencia revolucionaria. Ni el campo político ni el campo del poder, quedan encerrados dentro de los límites del gobierno, por lo cual tener el gobierno implica una fuerte y visible participación en esos campos, pero en la dinámica de las luchas por el poder de los múltiples actores que los dinamizan.

Está en discusión si la propuesta económico-político-cultural en su conjunto o en sus aspectos constitutivos de los partidos de izquierda en el gobierno, continúa a la hasta entonces hegemónica, o presenta líneas de fuga o confrontación que permitan identificarla como contrahegemónica y/o constructora de una nueva hegemonía.

En todo caso, el horizonte utópico que reivindica la comunidad de los seres humanos y de éstos con la naturaleza, es hoy un horizonte que en el mundo y en los países de la región va generando consensos, porque es el horizonte utópico que surge como horizonte de respuestas al topos de la fragmentación social y la destrucción ambiental.

En relación con esa utopía, la lógica del utopismo antiutópico es negarla como imposibilidad, irracionalidad y destrucción, la lógica del utopismo es querer realizarla empíricamente, y la lógica del realismo es construir lo históricamente posible entre lo dado hegemónico y dominante discernido como imposible en atención al grado de amplitud y profundidad de su destructividad humana y ambiental, y, en el otro extremo, la dimensión utópica que en sus términos de perfección imposible significará la definitiva erradicación de esa destructividad vigente.

El fiel de la balanza en la construcción de un consenso en términos de la política como arte de lo posible, pasa por la transformación del utopismo en realismo propiamente tal. Si el utopismo se afirma en su condición de tal frente a un utopismo antiutópico que se afirma como tal aunque se auto-represente como realismo, estará respondiendo tanto a quienes afirman el infierno en la tierra, como a quienes en la pretensión imposible de querer construir el cielo en la tierra, podrían derivar no intencionalmente en la construcción de un nuevo infierno.

Si el utopismo se trasforma en realismo propiamente tal, el realismo ya no puede ser reivindicado por el utopismo antiutópico como su identidad: queda al desnudo la agresividad de su utopismo y por lo tanto la responsabilidad por la sobrevivencia de la humanidad y de la vida en el planeta. Por supuesto que un triunfo discursivo, teórico y ético, no es todavía un triunfo político.

Dado el primer paso de transformación del utopismo en realismo, lo cual supone la afirmación de la utopía no como meta empírica sino como idea reguladora o condición trascendental para articular y realizar un proyecto histórico que será la articulación dinámica y conflictiva de muchos proyectos, se habrá dado un paso fundamental en la construcción de la racionalidad estratégica en razón del discernimiento entre metas históricas y referente utópico. Se estará así en la perspectiva del realismo en política como arte de lo posible –que no ha dejado de ser tal-, no obstante la confrontación con la agresividad del utopismo antiutópico que responde y estimula a la nueva lógica de acumulación del capital, la ha convertido –en un específico sentido- en “arte de hacer posible lo imposible”10.

Aún habiendo dado este segundo paso, de una relación realista (ni utópica ni antiutópica) con la utopía, no se sigue automáticamente una perspectiva estratégica, apenas se establecen las condiciones de posibilidad y sentido para una estrategia realista. Diseñarla, asegurando para ella el mayor grado de eficacia posible, requiere profundos análisis estructurales, así como sucesivos y complementarios análisis de coyuntura que trascienden largamente los límites de esta exposición y también de mis capacidades de discernimiento.

En otro plano del análisis y el debate, en clave intercultural en la dimensión de la integración regional, Rafael Bayce esboza algunas líneas estratégicas en relación a

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